Esta mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, encabezó la firma de un acuerdo tripartita entre el sector empresarial, el sector obrero y el gobierno federal con respecto de la subcontratación, conocida como outsourcing.
Los tres sectores acordaron discutir la propuesta del gobierno federal para acabar con las prácticas irregulares derivadas de la subcontratación. El objetivo es que en febrero próximo se pueda presentar una iniciativa conjunta al Poder Legislativo.
Tras semanas de discusión entre el gobierno y el sector privado, no se logró un consenso concreto sobre el outsourcing, aunque los empresarios lograron que el presidente López Obrador aceptara aplazar su discusión hasta febrero de 2021.
El cambio se da al ponerse sobre la mesa el tema de reparto de utilidades, mismo que no aparecía en la propuesta original del Ejecutivo y que los empresarios pusieron sobre la mesa en su necesidad de ser discutido a la par. Esta propuesta, junto al de discutir la iniciativa en febrero, entre otros dos puntos más, fue firmado esta mañana de miércoles en Palacio Nacional por funcionarios y representantes patronales y trabajadores.
De acuerdo con el documento que hoy presentó la secretaria de Trabajo y Prevención Social, Luisa Alcalde, el tema de reparto de utilidades «no ha quedado definido ni socialmente debatido», por lo que «se necesita tiempo suficiente para una discusión abierta entre sectores para definir un sistema de utilidades justo, equitativo.
Por lo tanto, este tema continuará en negociaciones entre el sector patronal y empresarial. Al respecto, el presidente López Obrador aseguró que «se buscará un mecanismo justo, equitativo y eficaz para cumplir la obligación de cumplir con reparto de utilidades».
El acuerdo firmado también supone que, al segundo mes del año que está por entrar, se arrancará la discusión parlamentaria de esta iniciativa que tendrá carácter de «preferente», para que pueda discutirse y, en su caso aprobarse, en un plazo no mayor a 30 días.
La temporalidad era un eje central en las discusiones al interior del sector privado. Por ejemplo, desde la industria automotriz se asegura que es «imposible» realizar cambios en tan poco tiempo en un sector donde la subcontratación tiene un papel clave, por lo que piden que, cualquier propuesta, entre en vigor hasta 2022 para tener tiempo suficiente de adaptarse a las nuevas reglas. De lo contrario, advierten, habrá graves impactos financieros.
En el documento también se hace un compromiso para que todas las partes resolverán «el problema del abuso de la subcontratación de personal. Las empresas del país iniciarán de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo Federal»
También se llama a que las empresas de subcontratación «dejen de desarrollar prácticas irregulares perjudiciales para los trabajadores como darlos de baja masivamente en diciembre», advirtiendo que el IMSS y el SAT estarán encargados de este tema. «De encontrarse irregularidades o posible comisión de delitos se procederá de inmediato administrativa o penalmente», señala.
López Obrador explicó que el acuerdo es continuar con el diálogo y que la iniciativa se discutirá, analizará. «Hay acuerdo general de que no debe existir esta subcontratación de manera discrecional, sin límites y que se debe de evitar el abuso que se ha hecho. En eso se logró un acuerdo».
En su presentación estuvo presente el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, encabezado por Carlos Salazar, quien señaló que confiaba que «la conclusión que le presentará el ejecutivo a la cámara de diputados en febrero será una mejor propuesta de la que originalmente partimos.
Por parte del gobierno federal, acompañaron al presidente los funcionarios Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público; Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social; Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación; Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT); Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
Por parte del sector empresarial, el documento fue signado por Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras de Industriales (Concamin); José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur); Sofía Belmar Berumen, presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS); Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN); Nathan Poplawsky Berry, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco); Álvaro García Pimentel Caraza, presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB); Valentín Díez Morodo, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), y Vicente Yáñez Solloa, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad).
Por el sector obrero, los firmantes fueron Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM); Isaías González Cuevas, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC); Rodolfo González Guzmán, secretario general del Comité Central de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM); Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) y presidencia colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT); Martin Rafael Diaz Covarrubias Castillón, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), y presidencia colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT); Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UNAM y presidencia colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT); José Luis Cancola Arroyo, secretario general de la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC).ico (Catem); Genaro Leal Cavazos, coordinador de la Federación de Trabajadores de Sindicatos Autónomos (FTSA).
